(Fuente: http://www.uchile.cl/uchile.portal?_nfpb=true&_pageLabel=not&url=44990)
Si el Tribunal Constitucional acoge un requerimiento interpuesto por un grupo de parlamentarios en contra de las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad emanadas por el Ministerio de Salud que hoy rigen, en nuestro país se abortarían 2,2 niños por cada nacido adicionalmente a las cifras actuales, y aumentaría la mortalidad materna y neonatal, entre otras nefastas consecuencias.
Los abortos clandestinos anuales superarían a los nacimientos en nuestro país si es que el Tribunal Constitucional resuelve a favor del requerimiento de inconstitucionalidad interpuesto por parte del diputado José Antonio Kast y otros 35 parlamentarios de la misma bancada en contra de las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad emanadas por el Ministerio de Salud actualmente vigentes. Esta es sólo una de las abrumadoras conclusiones a las que llegaron expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, entidad que convocada en calidad de perito informante por parte del organismo estatal.
Y es que en Chile nacen 200.000 niños al año, cifra que se vería superada ampliamente por la proyección de 275.000 abortos en el mismo período, los cuales se producirían si es que se suspende la venta y entrega de fármacos que contengan levonorgestrel y el dispositivo intrauterino, los cuales, según afirman quienes interpusieron el recurso, tienen mecanismos de acción que atentan contra el supuestamente concebido y no nacido.
Debido a la solicitud del Tribunal Constitucional a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, los doctores Giorgio Solimano, director de la Escuela de Salud Pública del plantel, y Ramiro Molina, profesor titular de la institución y creador de su Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, CEMERA, prepararon un detallado documento técnico, en el cual esta casa de estudios apoya científicamente las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad emanadas por el Ministerio de Salud que rigen en la actualidad y desvirtúa el riesgo abortivo sospechado del uso de anticonceptivos. Los expertos, además, hicieron una presentación sobre la materia ante los integrantes del Tribunal Constitucional.
Las conclusiones
El documento técnico presentó, entre otras conclusiones, que la tendencia a la baja en la natalidad en nuestro país refleja una conducta cultural de control, en la que la aparición de programas de control de la fecundidad llenó una necesidad de la población más desposeída. Por ello, la restricción a los métodos modernos de planificación familiar no cambiará esta conducta cultural, sino que aumentará el uso de medidas clandestinas de mucho riesgo para mantener la natalidad deseada, como es el aborto provocado.
De allí, se colige que aumentarían las tasas de mortalidad infantil, neonatal, materna y por aborto, echando por tierra los esfuerzos e inversiones sanitarias realizados en materia de salud reproductiva en Chile durante los últimos 45 años.
En la presentación que realizaron los doctores Molina y Solimano ante los integrantes del Tribunal Constitucional, se proyectó para el período 2008-2015 el impacto que tendría en algunos indicadores de salud el potencial cambio de la Normativa Nacional sobre Regulación de la Fertilidad. Entre sus conclusiones, se destacó que hay una correlación significativa entre el uso de anticonceptivos modernos y los descensos de la fecundidad, egresos hospitalarios por aborto, mortalidad materna por aborto y total. Asimismo, hay correlación entre la baja de la natalidad y el descenso de la mortalidad neonatal e infantil.
También dieron a conocer que está demostrado que la prevención de la gestación en mujeres con alto riesgo de aborto –aquellas que no desean o no esperan un embarazo-, mediante planificación familiar y acceso a los servicios de salud impacta en el descenso del aborto provocado y clandestino, y no en las tasas de fecundidad.
El impacto en cifras
En Chile, un tercio de las mujeres en edad fértil de entre 15 y 49 años usan métodos de planificación familiar, ya sean hormonales o dispositivo intrauterino, un total de 3.358.196 personas. De ellas, el 54,8% usa píldoras anticonceptivas; el 42,8% utiliza el DIU y el 2,4% inyectables. La restricción a las normativas actuales prohibiría su entrega o adquisición, por lo que el primer impacto sería en el alza de natalidad, con un aumento promedio potencial de 150.000 nacidos vivos anuales; sin embargo, los abortos clandestinos llegarían a 275.000, cálculo basado en el estudio “Presentation of pregnancy in high risk women. Community intervention in Chile in abortion in developing countries”, OMS, 1999, investigación liderada por el doctor Ramiro Molina.
De este número de abortos, se espera una proporción de un 20% de mujeres que presentarían complicaciones, demandando anualmente 56.000 hospitalizaciones en maternidades; es decir, un 58% más de casos que las reportadas por el Ministerio de Salud, con esta causa, durante el 2004, lo que redundaría en un colapso del sistema hospitalario en todo el país. Y si es que se lograra absorber toda esta demanda, aún así el aumento de la mortalidad materna por aborto se estima que crecería entre dos y cinco veces.
Por otra parte, el fenómeno tendría un menor impacto en la población femenina de los quintiles superiores de ingreso, puesto que accederían a la adquisición de anticonceptivos modernos por importación, compra en países vecinos o en el mercado negro, por lo que se generarían diferencias inequitativas, que son aquellas que se pueden prever, prevenir, que existen medidas para hacerlo y posibilidad de aplicarlas.
Una vez más: el LNG no es abortivo
Finalmente, los expertos de la Facultad de Medicina se refirieron a que el análisis científico de los métodos anticonceptivos incluidos en la norma ministerial muestra que no actúan sobre el óvulo fecundado, en su transporte por el oviducto o Trompa de Falopio ni en el proceso de implantación en endometrio o capa interna del útero. Así, explicaron que su mecanismo de acción impide que se produzca la ovulación y sobre la preparación o maduración del espermatozoide en su paso por la cavidad del útero o matriz hacia el oviducto. Por tanto, no existen hasta hoy evidencias científicas que demuestren que el mecanismo de acción de los métodos anticonceptivos hormonales, los dispositivos intrauterinos y las píldoras anticonceptivas de emergencia con Levonorgestrel actúen eliminando el óvulo fecundado en la trompa o en el interior del útero, impidan su implantación en el endometrio o desprendan el óvulo fecundado desde su implantación en el endometrio.
Los doctores Molina y Solimano se encuentran aguardando la resolución del Tribunal Constitucional, “en la cual esperamos que se considere favorablemente la postura de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, no sólo en beneficio de las mujeres y niños de nuestro país, sino que por todos los avances que ha tenido nuestro país en materia de salud pública durante las últimas décadas y por los cuales tenemos reconocimiento mundial”, afirma el doctor Molina.
Texto y Fotografías: Comunicaciones Facultad de Medicina
Viernes 28 de marzo de 2008
Los abortos clandestinos anuales superarían a los nacimientos en nuestro país si es que el Tribunal Constitucional resuelve a favor del requerimiento de inconstitucionalidad interpuesto por parte del diputado José Antonio Kast y otros 35 parlamentarios de la misma bancada en contra de las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad emanadas por el Ministerio de Salud actualmente vigentes. Esta es sólo una de las abrumadoras conclusiones a las que llegaron expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, entidad que convocada en calidad de perito informante por parte del organismo estatal.
Y es que en Chile nacen 200.000 niños al año, cifra que se vería superada ampliamente por la proyección de 275.000 abortos en el mismo período, los cuales se producirían si es que se suspende la venta y entrega de fármacos que contengan levonorgestrel y el dispositivo intrauterino, los cuales, según afirman quienes interpusieron el recurso, tienen mecanismos de acción que atentan contra el supuestamente concebido y no nacido.
Debido a la solicitud del Tribunal Constitucional a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, los doctores Giorgio Solimano, director de la Escuela de Salud Pública del plantel, y Ramiro Molina, profesor titular de la institución y creador de su Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, CEMERA, prepararon un detallado documento técnico, en el cual esta casa de estudios apoya científicamente las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad emanadas por el Ministerio de Salud que rigen en la actualidad y desvirtúa el riesgo abortivo sospechado del uso de anticonceptivos. Los expertos, además, hicieron una presentación sobre la materia ante los integrantes del Tribunal Constitucional.
Las conclusiones
El documento técnico presentó, entre otras conclusiones, que la tendencia a la baja en la natalidad en nuestro país refleja una conducta cultural de control, en la que la aparición de programas de control de la fecundidad llenó una necesidad de la población más desposeída. Por ello, la restricción a los métodos modernos de planificación familiar no cambiará esta conducta cultural, sino que aumentará el uso de medidas clandestinas de mucho riesgo para mantener la natalidad deseada, como es el aborto provocado.
De allí, se colige que aumentarían las tasas de mortalidad infantil, neonatal, materna y por aborto, echando por tierra los esfuerzos e inversiones sanitarias realizados en materia de salud reproductiva en Chile durante los últimos 45 años.
En la presentación que realizaron los doctores Molina y Solimano ante los integrantes del Tribunal Constitucional, se proyectó para el período 2008-2015 el impacto que tendría en algunos indicadores de salud el potencial cambio de la Normativa Nacional sobre Regulación de la Fertilidad. Entre sus conclusiones, se destacó que hay una correlación significativa entre el uso de anticonceptivos modernos y los descensos de la fecundidad, egresos hospitalarios por aborto, mortalidad materna por aborto y total. Asimismo, hay correlación entre la baja de la natalidad y el descenso de la mortalidad neonatal e infantil.
También dieron a conocer que está demostrado que la prevención de la gestación en mujeres con alto riesgo de aborto –aquellas que no desean o no esperan un embarazo-, mediante planificación familiar y acceso a los servicios de salud impacta en el descenso del aborto provocado y clandestino, y no en las tasas de fecundidad.
El impacto en cifras
En Chile, un tercio de las mujeres en edad fértil de entre 15 y 49 años usan métodos de planificación familiar, ya sean hormonales o dispositivo intrauterino, un total de 3.358.196 personas. De ellas, el 54,8% usa píldoras anticonceptivas; el 42,8% utiliza el DIU y el 2,4% inyectables. La restricción a las normativas actuales prohibiría su entrega o adquisición, por lo que el primer impacto sería en el alza de natalidad, con un aumento promedio potencial de 150.000 nacidos vivos anuales; sin embargo, los abortos clandestinos llegarían a 275.000, cálculo basado en el estudio “Presentation of pregnancy in high risk women. Community intervention in Chile in abortion in developing countries”, OMS, 1999, investigación liderada por el doctor Ramiro Molina.
De este número de abortos, se espera una proporción de un 20% de mujeres que presentarían complicaciones, demandando anualmente 56.000 hospitalizaciones en maternidades; es decir, un 58% más de casos que las reportadas por el Ministerio de Salud, con esta causa, durante el 2004, lo que redundaría en un colapso del sistema hospitalario en todo el país. Y si es que se lograra absorber toda esta demanda, aún así el aumento de la mortalidad materna por aborto se estima que crecería entre dos y cinco veces.
Por otra parte, el fenómeno tendría un menor impacto en la población femenina de los quintiles superiores de ingreso, puesto que accederían a la adquisición de anticonceptivos modernos por importación, compra en países vecinos o en el mercado negro, por lo que se generarían diferencias inequitativas, que son aquellas que se pueden prever, prevenir, que existen medidas para hacerlo y posibilidad de aplicarlas.
Una vez más: el LNG no es abortivo
Finalmente, los expertos de la Facultad de Medicina se refirieron a que el análisis científico de los métodos anticonceptivos incluidos en la norma ministerial muestra que no actúan sobre el óvulo fecundado, en su transporte por el oviducto o Trompa de Falopio ni en el proceso de implantación en endometrio o capa interna del útero. Así, explicaron que su mecanismo de acción impide que se produzca la ovulación y sobre la preparación o maduración del espermatozoide en su paso por la cavidad del útero o matriz hacia el oviducto. Por tanto, no existen hasta hoy evidencias científicas que demuestren que el mecanismo de acción de los métodos anticonceptivos hormonales, los dispositivos intrauterinos y las píldoras anticonceptivas de emergencia con Levonorgestrel actúen eliminando el óvulo fecundado en la trompa o en el interior del útero, impidan su implantación en el endometrio o desprendan el óvulo fecundado desde su implantación en el endometrio.
Los doctores Molina y Solimano se encuentran aguardando la resolución del Tribunal Constitucional, “en la cual esperamos que se considere favorablemente la postura de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, no sólo en beneficio de las mujeres y niños de nuestro país, sino que por todos los avances que ha tenido nuestro país en materia de salud pública durante las últimas décadas y por los cuales tenemos reconocimiento mundial”, afirma el doctor Molina.
Texto y Fotografías: Comunicaciones Facultad de Medicina
Viernes 28 de marzo de 2008
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